El Defensor actúa para saber cómo las universidades públicas andaluzas realizarán los exámenes en formato no presencial

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a las universidades públicas andaluzas --Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide-- para conocer cómo van a realizar los exámenes en formato no presencial tras el cierre de los centros por el Covid-19.

En su queja, la Defensoría expone que la situación excepcional que se está viviendo como consecuencia de la pandemia está afectando a toda la ciudadanía, alterando todos los aspectos de la vida cotidiana, lo que ha obligado a adoptar decisiones igualmente excepcionales para "posibilitar la continuación en la prestación de servicios cuya paralización total habría conllevado perjuicios de imposible reparación para la población afectada".

Así, y respecto al servicio que prestan las universidades, tanto pública como privadas, destaca que "es consciente de la dificultad" de adaptar el régimen habitual de prestación de servicios a una situación "tan novedosa" como es la enseñanza virtual y "el plus de dificultad que ha supuesto tener que hacerlo en unos plazos tan perentorios, que han imposibilitado disponer del tiempo necesario para reflexionar, evaluar o poner a prueba las alternativas posibles".

"El esfuerzo realizado por todos los miembros de la comunidad universitaria, tanto a nivel español como andaluz, ha sido muy importante", señala la institución, para la cual "los resultados obtenidos de este esfuerzo compartido han posibilitado mantener en unas condiciones adecuadas la prestación del servicio y han conseguido el objetivo fundamental de posibilitar al alumnado universitario una opción viable para proseguir con su proceso formativo".

El Defensor entiende que "no es el momento" para hacer una valoración en profundidad de los "aciertos y errores" en este proceso", pero considera que "sería oportuno" iniciar la evaluación sobre un aspecto que "tiene una especial incidencia en los derechos del alumnado y que está generando ya cierta controversia por las peculiaridades que presenta", como es los criterios y procedimientos aprobados para la evaluación no presencial del alumnado.

Por ello, Maeztu justifica la apertura de esta actuación de oficio en que "ya se están recibiendo quejas relacionadas con esta cuestión, en unos casos por disconformidad con el procedimiento elegido, en otros por discrepancia con la forma de aplicar dicho procedimiento en alguna universidad o por parte de algún profesor". Añade que "también se están recibiendo quejas por incidencias específicas durante la realización de algún examen --cortes en la conexión wifi, cortes de luz, etcétera--, que generan incertidumbre en los afectados, tanto por sus consecuencias académicas como por el desconocimiento acerca de la forma de plantearlas y resolverlas".

Además, argumenta que este asunto "está tomando creciente relevancia" en los medios de comunicación, con noticias y artículos "planteando cuestiones relacionadas con estos exámenes, ya sea por las dudas que suscitan, desde una perspectiva de los derechos a la intimidad personal y familiar, los procedimientos previstos para evitar prácticas fraudulentas en la realización de los mismos --cámaras y micrófonos activados, reconocimiento facia o proctoring--, o porque se cuestionan las limitaciones de tiempo para responder a las preguntas".

La Defensoría expone igualmente que este sistema de examen no presencial "podría perjudicar a los alumnos que carecen de las condiciones idóneas en sus viviendas para poder realizarlos adecuadamente, por sus circunstancias sociales o familiares, por la falta de medios materiales adecuados o por no disponer de un espacio donde realizar la prueba en las debidas condiciones de aislamiento y tranquilidad" y alega también que "no está claro cómo se van a aplicar los procedimientos de reclamación legalmente previstos" para las evaluaciones universitarias a este tipo de pruebas.

Del mismo modo, señala que el sistema de evaluación no presencial "podría acarrear problemas para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad" y que "hay dudas sobre cómo se va a evaluar globalmente al alumnado en caso de que se opte, como parece, por relativizar el valor de estos exámenes en la nota final". A este respecto, asegura que "se cuestiona esta forma de evaluación en aquellas asignaturas en las que, por diversas razones, no se hayan podido realizar prácticas o trabajos 'on line', cuando los mismos resultasen obligados o necesarios para evaluar adecuadamente el rendimiento del alumnado durante el curso".

Además, añade que "otro motivo importante que justifica la oportunidad de esta evaluación" se refiere a la "conveniencia" de realizar un Informe Especial sobre "cómo la crisis sanitaria producida por el Covid-19 ha podido afectar y de qué manera, a los derechos de la ciudadanía en las principales materias y ámbitos de gestión pública --educación, salud, vivienda, políticas sociales, igualdad, empleo y colectivos vulnerables--".

"NO QUEREMOS GENERAR UN PROBLEMA AÑADIDO A LAS UNIVERSIDADES"

Por último, en su queja, el Defensor afirma que "son muy conscientes" de que "ya se están realizando exámenes y sería muy difícil y posiblemente perjudicial cambiar ahora los criterios y procedimientos elegidos porque obligaría a repetir las pruebas o pondría en cuestión el resultado de las ya realizadas", y abunda en que "no es su intención generar un problema añadido a las universidades en un momento muy complejo y en el que ya están teniendo que afrontar retos muy importantes".

No obstante, la institución indica que acomete esta actuación de oficio porque "necesita disponer de información y criterios para dar una respuesta fundada a las quejas que ya están llegando y que, previsiblemente, se incrementarán de forma sustancial cuando comiencen los exámenes finales" y "no puede permanecer ajena a una problemática en la que pueden resultar afectados derechos de las personas como el derecho a la educación, a ser evaluado objetivamente y a la igualdad de oportunidades".

"Dado que somos conscientes de que no hay tiempo para realizar ahora una investigación en profundidad que nos permita dictar resoluciones y proponer cambios para este curso, nuestra intención es conocer los criterios y los procedimientos utilizados por las universidades y evaluar los resultados de su puesta en práctica, a fin de proponer mejoras y posibles cambios para su aplicación en el próximo curso o cuando vuelvan a producirse circunstancias que obliguen a realizar evaluaciones no presenciales, una posibilidad que, lamentablemente, no es en absoluto descartable en estos momentos", concluye.